Sorpresiva determinación adoptada el miércoles por el juez Jorge Zepeda gatilló una avalancha de críticas jurídicas y un recurso de apelación

Los conflictos ocultos tras el fin de la intervención en ex Colonia Dignidad

De inmediato surgieron explicaciones que hablaban de pugna de poder entre el magistrado, la jueza de Parral y el CDE. No obstante, el juez a cargo del caso se ha comprometido a tener prontos e importantes logros en la investigación.

Fecha edición: 18-09-2005

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la investigacion que se realiza en la ex Colonia Dignidad no ha estado exenta de polémica, incluso entre los actos involucrados, como la jueza de Parral, el Consejo de Defensa del Estado y el ministro de fuero Jorge Zepeda.

Un estado de incertidumbre surgió el miércoles, día en que el ministro de fuero Jorge Zepeda puso fin a la intervención en la ex Colonia Dignidad. El juez, que hasta ahora es el único que en décadas de investigación ha descubierto pruebas materiales de los delitos cometidos en el enclave -fichas con interrogatorios a detenidos desaparecidos y autos que les pertenecían, un cuantioso arsenal de guerra y artículos de tortura- sorprendió a la opinión pública con una resolución que los querellantes en la causa rechazaron de inmediato, a través de recursos de apelación y declaraciones que lo criticaron fuertemente, más que la semana pasada, cuando revocó el procesamiento por asociación ilícita de dirigentes del enclave.

Fue así como, a través de su blog, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, fustigó a Zepeda con frases como "las tortuosidades de algunas mentes funcionarias" o con referencias a jueces "no duchos en criminalidad organizada".

Tensión con la jueza

En privado, quienes no estuvieron de acuerdo con la medida sostienen que se trató de una lucha de poder con el CDE y la jueza de Parral, Jimena Pérez Pinto, quien antes estuvo a cargo de la querella por asociación ilícita presentada por el organismo estatal.

Un antecedente avalaba esa tesis: antes de la intervención la magistrada solicitó al ministro los informes relativos a las armas y copia autorizada de las fichas halladas en la ex Colonia. Respecto de éstas, otro cuestionamiento surgió luego al trabajo de la jueza Pérez: desde 2000 existían en Parral numerosas cajas con carpetas halladas en el enclave, las que nunca fueron ordenadas periciar.

Esos antecedentes eran la base de las fichas que luego encontró el ministro, quien se negó al requerimiento, pues eran datos que aún estaba trabajando, justamente, con miras a un eventual procesamiento por asociación ilícita.

También incidió la forma en que la magistrada le solicitó los documentos, que habría consistido prácticamente en una orden, o por lo menos así lo comunicó al pleno de la Corte Suprema cuando debió rendir informe de sus avances, a raíz de una petición del CDE de otorgarle dedicación exclusiva a la jueza de Parral, solicitud que el máximo tribunal desechó, traspasando esa investigación al ministro.

Con el CDE, en cambio, la relación no registraba tensiones, salvo la sospecha que rondó por las oficinas del ministro de que el caso Colonia Dignidad se estaba transformando en un elemento de campaña política, algo similar a lo que dijo el jueves a La Tercera el presidente (S) de la Corte Suprema, José Benquis, respecto de los comentarios que hiciera Szczaranski en internet.

Otro cuestionamiento se relaciona con las ofertas hechas a los colonos, como el reparto de tierras, cosa que el ministro estimaría legalmente imposible sin que antes el Estado adquiriera esos terrenos; o la idea de que sólo la intervención podría hacer que se pagaran salarios y hubiese previsión, lo que en realidad, cree, compromete la fiscalización de la Dirección del Trabajo.

El ministro resistió el embate e insistió en que lo dejaran trabajar en la lectura de la resolución, que apunta a que intervenir empresas conformadas por múltiples socios, no todos querellados en una causa, es un error legal, como también que en el expediente que tramitó la jueza Pérez -y que él ahora tiene en su poder- no está probado que el origen de los dineros sea ilícito, pues hasta ahora sólo aparece que todo se inició con el aporte de colonos que llegaron a Chile y traspasaron fondos mediante escrituras públicas.

En los últimos días los ánimos parecen haberse calmado. El juez reorganizó el trabajo e incorporó más personas a su equipo.

Asimismo, los informes pendientes de Investigaciones están llegando y, según señalan los "zepedistas", el conflicto ha dado un nuevo e inesperado impulso a la investigación.

Jorge Zepeda, ministro de fuero

Durante la investigación que ha encabezado en la ex Colonia Dignidad ha logrado incautar fichas con datos de detenidos desaparecidos y un cuantioso arsenal de guerra, entre otros avances.
Fue duramente criticado tras decretar el fin de la intervención del enclave.

La promesa de nuevos resultados

Según ha trascendido, habría otra razón del ministro Jorge Zepeda para adoptar la resolución: está seguro de que en poco tiempo más logrará desentrañar todos los misterios de la ex Villa Baviera.

Zepeda estaría a un paso de aclarar un eventual tráfico de armas, las labores de espionaje que ahí se realizaban y la tortura a la que eran sometidos los niños y adultos de la ex Colonia.

Esas son las promesas, y para esto último ya cuenta con pruebas materiales que podría unir con los antecedentes de la causa de Parral respecto de vejámenes ordenados por Paul Schäfer.

Todos esos elementos le permitirían configurar la existencia de una asociación ilícita que, a sus ojos, necesariamente debe ir ligada a un "delito antecedente".

Como ejemplo está la asociación ilícita para el lavado de dinero. Y ahí otra crítica que circula respecto a la resolución de la jueza de Parral, pues el auto de procesamiento dictado contra los ex jerarcas no señalaba cuál había sido el actuar delictivo concreto.

El juez se encontraba realizando diligencias en cada uno de estos temas e interrogando diariamente a varios de quienes participaron en forma directa de esas actividades, cuando se produjo la llegada del administrador Herman Chadwick. Se trata tanto de ex jerarcas como de colonos comunes.

El magistrado tenía un viaje programado a Villa Baviera para situarse en el lugar desde donde, según los datos recogidos, habían sido exhumados los cuerpos para luego quemarlos y lanzarlos al río. Dar con algún rastro de ellos era el objetivo.

Las lluvias prolongadas habían retrasado la tarea, pero la nueva situación del enclave le hizo postergarla una vez más.